Nuestros diputados tienen intención de votar esta semana -justo antes de las vacaciones de Navidad- la ley de economía sostenible, que aunque tiene un nombre poco agresivo, en su interior esconde una serie de artículos que permitirán a una comisión "por determinar" ejecutar el cierre de páginas web sin intervención judicial.
Van a conseguirlo: las entidades de gestión, después de años de intentos, se han dado cuenta de que en España, según nuestras leyes, no es delito descargar música o películas y, aunque les moleste, tampoco lo es tener una página que enlace a contenido, así que no sé bien cómo -o prefiero no saberlo-, se las han arreglado para que nuestros diputados estén a punto de aprobar el paquete de medidas que les dará lo que la justicia les niega. Debemos parar esta locura. El mundo entero está en crisis y en España la cultura es cada vez más cara e inaccesible, si dedicaran más esfuerzos a intentar rebajar los precios u ofrecer otras fórmulas más baratas para el consumidor, probablemente no tendrían que preocuparse por la piratería.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de diciembre de 2010