Las Diputaciones cumplirán lo que establece el decreto de la Renta de Garantía de Ingresos y pagarán este subsidio a las 6.262 familias a las que, en principio, el Gobierno les pidió que no lo hiciera desde este mismo mes por incumplir una de las obligaciones que requiere su percepción. Los beneficiarios de entre 23 y 60 años, salvo excepciones, tienen que estar dados de alta en el antiguo Inem o en Lanbide.
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales pidió el martes a las instituciones forales que se atengan a la letra del decreto, por lo que las Diputaciones darán marcha atrás. Eso sí, la congelación de la ayuda hasta que se subsanen las deficiencias se aplicará desde enero. La sanción se notificará este mes y se aplicará el próximo, a pesar de que en ese plazo se hagan las correcciones oportunas.
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Fuentes de las Diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya aseguraron ayer a este periódico que, aunque ya habían cerrado las gestiones para aplicar la sanción económica en diciembre, cumplirán con la orden. El diputado vizcaíno de Acción Social, Juan María Aburto, mostró su "satisfacción por el cambio de criterio" del Ejecutivo.
Álava se congratulaba de que el departamento, "ayer por la tarde [por el martes], rectificaba su exigencia asumiendo el procedimiento administrativo que vienen defendiendo las instituciones forales en toda esta polémica".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de diciembre de 2010