Asociaciones de padres y de estudiantes, entidades y asociaciones rechazaron ayer las sentencias del Tribunal Supremo sobre la presencia del castellano en las escuelas catalanas. La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos reclamó que no se haga un uso político del catalán en las escuelas y defendió la inmersión lingüística como vector de cohesión social. La Asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña animó a las instituciones a garantizar la inmersión lingüística, y la patronal de la Fundación Escuela Cristiana, que representa a 246.000 alumnos, advirtió de que es un modelo "imprescindible".
Un paso más allá, la Federación de Organizaciones por la Lengua Catalana, que entre otras agrupa a la Plataforma per la Llengua y la Plataforma pel Dret a Decidir, llamaron a la "desobediencia civil en las escuelas" como respuesta a las sentencias. Otra declaración, firmada por el Centro Unesco, el PEN Català, Òmnium Cultural y la Asociación Rosa Sensat, asegura que el fallo del Supremo es "absurdo y desproporcionado", ajeno a cualquier conflicto, y que "discrimina a los ciudadanos no catalanohablantes en Cataluña".
La polémica en Baleares
El debate sobre el modelo de inmersión en la escuela llegó hasta Baleares. El consejero de Educación y Cultura, Tomeu Llinàs (PSOE), desvinculó la sentencia de la realidad balear y recordó que el decreto de mínimos asegura que el 50% de la educación debe ser en catalán. Pero la cuestión es prioritaria para el PP, abanderado de la opción por la que los padres puedan elegir. El PSM, socio del Gobierno balear, aseguró que las sentencias del Supremo suponen "segregación social", mientras que Unió Mallorquina opinó que es un debate artificial: "Lengua amenazada es el catalán". Por su parte, Obra Cultural Balear afirmó que la enseñanza en las islas no se verá afectada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de diciembre de 2010