Mariano, que no quiere dar su apellido, tiene 72 años. Muchos de ellos los ha pasado sentado en un salón de bingo, en la mesa redonda de un casino o en un taburete frente a una ruidosa máquina tragaperras. Es el presidente de la Asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación, la más antigua en Madrid de todas las que amparan a personas con serios problemas con el juego. "Todas las medidas son como tener tos y rascarse la barriga. La mayor mafia del juego son los Estados y los Gobiernos", dice. No le conmueve que bajen la fiscalidad a las salas de bingo. Ni para bien, ni para mal. "A mí lo que me llega al alma es que un chaval de 34 años tenga una deuda de más de medio millón de euros por esa mierda", afirma.
Las salas de bingo tienen la obligación de pedir la documentación para entrar a sus salones. Esto sirve, además de para constatar la mayoría de edad del interesado, para cotejar si esa persona está apuntada a la lista de ludópatas. Ese listado es voluntario. Aquel que considera que no va a tener suficiente fuerza de voluntad ante la tentación se apunta para que le veten cuando le entren los deseos de jugar. "Esa relación de nombres es una tontería", zanja con su estilo sentencioso Mariano: "Yo debo de ser el número 14 de la lista y he jugado un montón de años estando apuntado", revela.
Lo cierto es que las asociaciones de bingo denuncian que en los salones de juego, donde hay máquinas con premios de hasta 18.000 euros, no se pide el DNI para comprobar si el jugador está en el listado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de diciembre de 2010