Ronaldo y Messi son las caras de la Liga de las Estrellas. Que no aparezcan un domingo es motivo de alarma social. Y es que cuando un colectivo con imagen de elitista amenaza con no jugar provoca la animadversión de miles de aficionados a los que les cuesta pensar en ellos como simples trabajadores. Su conflicto, como el de los controladores, no es popular. En este caso, sin embargo, quien ha declarado el estado de alarma no ha sido el Gobierno, sino las televisiones, que se gastan un dineral en mantener la Liga española como el campeonato más atractivo del mundo.
La amenaza de no jugar el día 2 de enero ha quedado en nada porque la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha considerado que el calendario futbolístico no es asunto suyo. Así que adiós alarma, habrá fútbol el domingo. Pero el problema sigue ahí, enquistado, entorpeciendo las relaciones entre empresarios (los clubes agrupados en la Liga de Fútbol Profesional) y sus empleados (los jugadores y AFE, el sindicato que les representa).
Porque el problema tiene poco que ver con una reivindicación laboral -el convenio de los futbolistas fija el 2 de enero como festivo y en eso se basaba la demanda- y mucho más con el pulso que mantienen desde hace años la AFE y la LFP a propósito de salarios no abonados a los jugadores. Y aquí ya no hablamos de Ronaldo y de Messi, sino de la plantilla del Betis, a la que el club adeuda más de nueve millones de euros, o las del Recre, Xerez, Hércules... Hay jugadores que no pueden pagar ni la hipoteca.
Para evitar estas situaciones, y las que puedan venir -la ley concursal se ha convertido en una verdadera vía de escape para clubes morosos, que ni pagan, ni descienden-, la AFE quiere que los equipos aumenten el fondo de garantía que cubre estos impagos y que se castigue, por ejemplo, sin fichar a los que no cumplen con sus plantillas.
Siendo justa la reivindicación, el sindicato, y su nuevo presidente, Luis Rubiales, han equivocado el tiro. La decisión de la audiencia, aunque no entre en el fondo del asunto, les debilita. Tal vez deberían haber medido que estas cuestiones es mejor resolverlas en la mesa de negociaciones
o en el juzgado correcto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de diciembre de 2010