El abogado del ingeniero Joaquín Quílez ha solicitado a la juez que investiga el caso de la trama de corrupción de Ciutat Vella que reconsidere su imputación dado que, en su opinión, hasta 2008 no se exigía ninguna licencia municipal para la actividad de los apartamentos turísticos. El letrado Albert Miquel ha enviado un escrito al juzgado en el que analiza la normativa aplicable para cuestionar a la juez la legalidad de la modificación del Plan de Usos de Ciutat Vella referido a los apartamentos turísticos, pues de él depende, según el letrado, que se pueda considerar delito la actitud de su cliente.
Segú la tesis del fiscal, la trama de la que formaba parte Quílez cobró hasta 70.000 euros por amañar licencias en 34 edificios del distrito. A Quílez, además, se le considera el inductor de las amenazas a la entonces concejal de Ciutat Vella, Itziar González.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de enero de 2011