El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz, 13.000 habitantes) ha empezado el año sacándose de encima uno de los problemas más serios de su agenda en 2011. El pasado 28 de diciembre, el pleno aprobó, con los votos favorables del PSOE, la normativa urbanística que convierte en legales 300 viviendas irregulares construidas junto a la playa del Palmar.
La ordenanza reguladora del Plan Especial de Reforma Interior de este núcleo rural del litoral vejeriego plantea, además, la construcción de 100 nuevas viviendas, dos hoteles de tamaño mediano, alojamientos de turismo rural y un centro comercial.
La ordenanza, que afecta a 42 hectáreas junto al mar, obliga a los propietarios de las viviendas regularizadas a sufragar los costes de urbanizar la zona. Aproximadamente, cada propietario deberá pagar 60 euros por cada metro cuadrado de finca que posea.
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En esta cantidad se incluye la compensación económica por no tener que ceder parte del suelo al patrimonio municipal, como establece la ley.
La nueva ordenanza ha contado con los votos en contra del PP y con las protestas de los ecologistas, aunque por distintos motivos. Los populares de Vejer justifican su negativa en lo que consideran altos costes para los propietarios de las casas ilegales en cuestión.
Estas compensaciones fueron calculadas, según el Ayuntamiento, por técnicos de las administraciones local y autonómica.
Por su parte, los ecologistas de la plataforma Salvar El Palmar rechazaron la posibilidad de levantar nuevas edificaciones junto al mar y mostraron su preocupación porque se traslade al litoral gaditano, y especialmente a la costa de Trafalgar, el modelo urbanístico saturado de otras zonas del litoral español como la Costa del Sol.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de enero de 2011