Ocho años ha tardado la justicia en sentar en el banquillo al ex alcalde de Porriño José Manuel Barros, acusado por la fiscalía de los delitos de acoso sexual, lesiones psíquicas y prevaricación cometidos en perjuicio de Isabel Penedo, funcionaria del Ayuntamiento porriñés y su secretaria durante más de una década. Se querelló contra él en 2002. La vista oral comenzó ayer en los juzgados de Pontevedra con el interrogatorio del ex regidor del PP, que despachó todas las acusaciones con la misma frase: "No es cierto; no lo recuerdo". El fiscal pide tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para Barros.
Penedo, que también compareció ante la juez, hizo memoria de los castigos a los que Barros la sometió cuando tuvo claro que no accedería a sus ofrecimientos sexuales. "Me prometía un chalé, un coche, hacerme la secretaria de Fraga", recordó. Todo a cambio de "dos horas en la cama". La mujer se negó y los desplantes empezaron a ser cada vez más graves, según su relato. Primero la aisló físicamente de sus compañeros del consistorio, plantando junto a su escritorio un armario que le impedía ver al resto del personal. Después la cambió de planta y la envió al "torreón", según el nombre que coloquialmente se da a la última planta del edificio, con un aviso en las escaleras para impedir el paso al "personal no autorizado". Finalmente, y tras enterarse de que había asistido a una reunión sindical, el regidor la envió a un centro fuera del consistorio, que por entonces estaba a medio construir. "Sin teléfono, sin calefacción y sin máquina de escribir". Sola, y sin más atribuciones que el archivo de recortes de prensa que, según describió, no se usaban para nada.
"No es cierto; no lo recuerdo", replicó Barros a las acusaciones
En 1998 Penedo regresó al consistorio para ocupar el puesto de un colega jubilado. Las proposiciones sexuales se reanudaron, según describió, y en 2001 volvió a ser apartada de sus funciones por Barros. Meses después presentó la querella que ha desembocado en el juicio que se acaba de abrir.
El dilatado proceso se retrasó más después de que en 2009 alguien robase el sumario de la causa. Entonces también desaparecieron las cintas en las que el regidor había grabado horas de conversaciones telefónicas de Penedo desde su puesto de trabajo, almacenadas en una estancia del consistorio. Los cambios de estatus de la funcionaria fueron siempre acompañados de decretos del alcalde que Penedo impugnó ante la jurisdicción administrativa, que le dio la razón casi sistemáticamente. "Acabó con mi salud y con mis relaciones personales", acusó a Barros, y detalló que, siete años después de que el veterano político dejase el bastón de mando, continúa a tratamiento psiquiátrico.
El ex regidor, conocido defensor del potencial afrodisíaco de los callos con garbanzos y de carácter "bastante visceral", según recordaron ayer varios testigos, negó las acusaciones y justificó la degradación laboral de Penedo en su "mal comportamiento y su continuada falta de puntualidad". "A veces incluso llegaba más tarde que yo", murmuró. La acusación particular eleva la petición de pena de tres a cinco años de cárcel.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de enero de 2011