El traslado de basuras desde Castellón a Xixona embroncó ayer el pleno celebrado en la Diputación de Alicante. La portavoz socialista, María Teresa Carbonell, rogó al presidente, José Joaquín Ripoll, del PP, que convocara al consorcio y pidió que la Diputación "prohíba recepción de basura de otras zonas. Ripoll aclaró que "las competencias son las que son", y que es la Generalitat la que debe anular esa orden.
El presidente instó al alcalde de Xixona, el socialista Ferrán Verdú, a romper el convenio firmado en 2008 con la empresa Piedra Negra, gestionada por la firma pública Vaersa, que autoriza recibir residuos de otras zonas a cambio de una compensación económica de 200.000 euros. "El Ayuntamiento de Xixona ha pasado de cobrar un canon anual de 31.000 euros a 200.000 euros porque ha eliminado la limitación geográfica de la procedencia de los residuos", aseguró Ripoll. "Es muy bonito decir que estamos dejando solo al municipio, pero el que ha tomado la decisión es su Ayuntamiento", agregó. Ripoll se comprometió a convocar la reunión del consorcio siempre y cuando un alcalde lo solicitara. Y el alcalde de Alqueria d'Asnar, Jaume Pascual, lo hizo.
Límite de la instalación
Por su lado, el Ayuntamiento de Xixona matizó en un comunicado que el convenio firmado para la llegada de residuos procedentes de Castellón no autoriza "en ningún caso a sobrepasar la capacidad de la planta", por lo que el volumen total de residuos tratados no deberá exceder las 150.000 toneladas por año. Y los estudios de la propia Generalitat cuantifican en 135.000 toneladas la cantidad de basura generada en el Plan Zonal I. El Ayuntamiento exige "transparencia" sobre las decisiones del Consell y que "digan de una vez y de manera oficial qué están haciendo con la basura".
Mientras, la secretaria general del PP en Castellón, Marisol Linares, reclamó ayer tiempo para llevar a cabo las infraestructuras necesarias y previstas para la zona I, del norte de la provincia, pese a que hace más de una década que la Generalitat aprobó el Plan Integral de Residuos que prevé dichas infraestructuras, informa María Fabra. "Una planta de transferencia como la de Cervera no se hace en dos meses", adujo Linares, quien sostuvo que la ejecución de estos proyectos "requiere tiempo". Así, disculpó la actuación de la Generalitat y afirmó que está haciendo un "esfuerzo" para solucionar el problema de los residuos en la provincia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de enero de 2011