Los nombres y las direcciones particulares de al menos ocho policías de la Costa del Sol que participaron en la desarticulación de una peligrosa banda criminal en julio de 2007 han terminado en manos de las personas a las que detuvieron porque sus datos no se protegieron adecuadamente.
El sindicato SUP, del que son afiliados seis agentes afectados, denunció el caso el pasado 20 de enero ante la Dirección General de la Policía. Francisco Puertas, vocal de la formación, se lo expuso al subdirector de Recursos Humanos durante una comisión de personal. "Dijeron que lo investigarían", asegura Puertas. "Hablamos de gente mafiosa, que tienen en su haber el asesinato de un guardia civil (....) Han señalado a la élite policial de Málaga. Esto es gravísimo, es lo peor que te puede ocurrir", añade.
El sindicato SUP ha pedido que se investigue quién cometió el fallo
Los agentes recibieron una citación judicial en sus domicilios
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Los agentes supieron que sus datos personales estaban en manos de esta banda al recibir una citación judicial en su domicilio particular. Cuando los policías acuden a los juicios, lo normal es que, por motivos de seguridad, se les llame con su número de placa y en las dependencias en las que trabajan.
Extrañados y alarmados, informaron a la comisaría provincial de lo que había ocurrido a través de sus sindicatos. El comisario provincial, Juan Jesús Peñalver, recibió un escrito del SUP y otros dos funcionarios también le plantearon la queja a título particular. Todas las reclamaciones han sido elevadas a la Dirección General a través de la Jefatura Superior, según el comisario Peñalver.
En la Sección Primera de la Audiencia Provincial, encargada de enjuiciar el caso, dicen que esas citaciones se han hecho a petición de las defensas de los cuatro encausados y que no sabían que se trataba de policías porque no se contrastaron con los listados de testigos de otras partes. "La fiscalía sí les ha citado con el número de placa", aseguran fuentes judiciales. El juicio está previsto para el próximo 2 de febrero.
Varias fuentes coinciden en que los datos personales de estos policías han acabado formando parte de este caso, instruido en el juzgado número 4 de Marbella, porque a la causa matriz se le adjuntaron una serie de diligencias que Asuntos Internos practicó para investigar si los registros domiciliarios habían sido legales. Los agentes de Asuntos Internos tomaron declaración como testigos a por lo menos seis policías. En algunas diligencias dejaron a la vista datos tan sensibles como el número de teléfono móvil o sus direcciones particulares.
"Como los cuatro detenidos por la operación Arenal estaban directamente afectados por esas supuestas irregularidades en el trabajo policial, alguna de las partes, o el propio instructor, pidió que se hiciera una copia al procedimiento de Asuntos Internos", explican fuentes conocedoras del caso.
En el sindicato SUP aseguran que se ha producido un "incumplimiento de la legalidad" y "de las mínimas normas de seguridad" que atribuyen a la actuación de los agentes de Asuntos Internos. La Dirección General de la Policía ha rehusado hacer declaraciones. Otras fuentes, tanto policiales como judiciales, hablan de un posible "cruce de datos" en los juzgados.
La Policía necesitó de al menos una treintena de agentes para practicar los arrestos de los cuatro ciudadanos de origen francés porque los consideraban extremadamente peligrosos. Les atribuían delitos de extorsión, secuestro, tráfico de drogas (intervinieron 1.500 kilogramos de hachís) y tenencia ilícita de armas. En sus casas hallaron, ordenados en una alacena, varias armas automáticas y chalecos antibalas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de enero de 2011