El Gobierno vasco es partidario de impulsar una reforma tributaria que, de forma paulatina, sitúe la presión fiscal de los tributos concertados en torno al 20,5% del Producto Interior Bruto (PIB), dos puntos más que lo que representa la previsión de recaudación de este año, que se situará en los 12.500 millones, el 18,4% sobre el PIB.
En una respuesta parlamentaria a EA, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, argumenta que esa reforma se hace necesaria "para recuperar los niveles de recaudación" que hagan posible cuadrar los gastos. En su opinión es "necesario realizar una reflexión profunda" sobre el sistema fiscal -asunto que se ha aplazado hasta después de las elecciones forales de mayo- como una vía de "mantener y mejorar" los elevados servicios sociales que presta la comunidad.
Aguirre reconoce que "la particular complejidad" del entramado institucional de Euskadi, donde la competencia recaudatoria recae en las diputaciones, lo que complica la posibilidad de llegar a acuerdos. Pese a ello el Gobierno ha propuesto en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria alcanzar un compromiso público compartido para luchar contra el fraude con un programa de colaboración interinstitucional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de febrero de 2011