El debate abierto en los últimos días alrededor de las hipotecas, y más concretamente, de la posible liquidación de estas a través de la devolución de la vivienda, evidencia -una vez más- la exigua vinculación muchas veces de la ley con aquellos que en última instancia la legitiman: los ciudadanos.
En una época en la que las ejecuciones hipotecarias se han convertido en el principal temor para miles de familias, el principio de responsabilidad universal del deudor, conforme al cual este responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, no puede permanecer ajeno a la realidad social que vivimos.
Por muy loable que sea la voluntad que algunos jueces reflejan en sus resoluciones intentando matizar la responsabilidad, la solución no puede -ni debe- venir dada por malabarismos judiciales, pues solo la introducción de medidas de carácter social en la ley podrá frenar la espada de Damocles que hoy amenaza a miles de ciudadanos.
De no ser así, la realidad será incontestable: la ley habrá hipotecado nuestro futuro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de febrero de 2011