"La Administración debe huir de cualquier alquimia contable", sentenció ayer el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Álava para explicar el informe del órgano fiscalizador sobre las cuentas forales de 2008.
Allí recordó las principales críticas del tribunal a los presupuestos de ese ejercicio: la Diputación incluyó como remanentes de tesorería 79,2 millones de euros correspondientes a las ayudas de las vacaciones fiscales y 33,1 millones del Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales, cuando estas cuantías no podían considerarse como recursos propios disponibles. "No se puede apuntar como ingreso lo que no lo es", destacó Churiaque.
El ente foral, que mantiene sus alegaciones contra el informe, considera que el tribunal ha actuado con exceso de celo.
El informe detalla ocho incumplimientos de la normativa en las cuentas de 2008 y una incertidumbre sobre exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales. No obstante, considera que la Diputación cumplió "razonablemente" la ley.
En los contratos cuya cuantía no supera los 18.000 euros, el tribunal aprecia varios casos en que debían haber salido a concurso. Menciona 463 facturas que suman 1,2 millones de euros que la Diputación debería centralizar en un solo procedimiento para "conseguir mejores precios a través de la competencia".
El presidente recordó que en el sector privado la palabra del auditor es seguida al pie de la letra por las compañías que los contratan, por lo que la Administración debería hacer lo mismo con las indicaciones del tribunal, que solo buscan mejorar la transparencia.
"Mi preocupación es que aquí nos conformemos todos con que hubo una apariencia de control sin control efectivo. No consideraría nada más insultante para mi profesión que pensar que emitimos informes para dar apariencia de control", concluyó Churiaque.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de febrero de 2011