Hasta 11 iniciativas en relación con las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) se abordarán en el pleno del Parlamento de esta semana. Un indicio claro de hasta qué punto éste escándalo acapara el debate político. El asunto ha adquirido tal relevancia que restará protagonismo a una de las propuestas más ambiciosas y discutidas como es la ley de reforma del sector público que se somete, por fin, a aprobación. La polémica tiene pinta de adquirir niveles no conocidos hasta ahora. Si alguien soñaba con marcar distancias con la etapa de Manuel Chaves ha encontrado precisamente en este asunto el instrumento idóneo. Aunque quién sabe si ya el juguete se ha escapado de todo control.
Por tanto, mientras el ruido crece, la Junta sigue dando el visto bueno a nuevos expedientes con los que resolver conflictos tanto en Astilleros de Huelva o como en Santana Motor, de Linares. Un sorprendido consejero de Empleo, Manuel Recio, decía días atrás desconocer que su departamento hubiera dado luz verde al ERE de la factoría onubense. Pero, en efecto, así ha sido. Se ha cerrado con el acuerdo de todas partes implicadas y el pago de las correspondientes pólizas a los trabajadores afectados será a través de Uniter, firma que junto con Vitalia, está siendo investigada por las anomalías detectadas. Habrá que estar atentos a ver si surgen posteriormente intrusos a la hora de cobrar. Pero es que, además, se va a proceder de igual forma con la factoría linarense.
La Junta va a finiquitar, de una vez por todas, esta empresa automovilística. La salida pactada con los sindicatos pasa por otro ERE y por un plan social que incluye compromisos concretos de inversiones en la zona. Otro consejero, el de Innovación, Antonio Ávila, es el principal artífice de la solución final adoptada. Esto es, pasará a la historia como el liquidador de una ruinosa empresa pública, pero, al mismo tiempo, será el que siente las bases del futuro de este importantísimo núcleo industrial de Andalucía.
Decisión, en todo caso, que resuelve definitivamente el pozo sin fondo en el que se había convertido el mantenimiento de una actividad que había dejado de ser competitiva hace mucho tiempo. Es la salida más radical pero, al mismo tiempo, la más honesta. El argumento de la paz social a costa de cuantiosos recursos públicos sin ton ni son debe dejar paso a nuevos planteamientos que preserven y potencien, a pesar de todo, el tejido productivo andaluz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de febrero de 2011