La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que "es muy importante en este momento que se respete el derecho de los manifestantes a expresar libremente sus opiniones e ideas" y que "los Gobiernos tienen que ser especialmente sensibles a lo que la gente les está pidiendo en la calle", de forma que "no se haga uso de la fuerza" contra "manifestantes que de manera pacífica están reclamando más derechos y libertades".
Jiménez no aludió a la sangrienta represión de las protestas en Libia, Yemen o Bahréin y menos aún al despliegue policial que impidió el pasado sábado una concentración opositora en Argel. Aseguró, por el contrario, que su homólogo argelino, Murad Medelci, sentado a su lado, compartía esos puntos de vista. Y así fue, al menos en teoría, pues este aseguró que Argelia garantiza la libertad de expresión, lo que no es incompatible a su juicio con el hecho de que las manifestaciones en la capital estén prohibidas, supuestamente para evitar que se repitan actos de violencia como los que se produjeron hace una década.
Medelci se felicitó de la entrada en funcionamiento, a finales de marzo, del gasoducto que une Almería con la costa argelina y no puso reparos al cambio en el accionariado de la compañía española Cepsa, propietaria de un 20% del proyecto Medgaz.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de febrero de 2011