Resulta irónico que unos parlamentarios con la capacidad oratoria y el nivel intelectual que exhiben habitualmente los nuestros se dediquen ahora a establecer por ley cómo debemos hablar y escribir. Aunque, bien pensado, la nueva normativa según la cual a los castellanoparlantes se nos va a obligar a emplear la forma vasca de los topónimos no es sino un fiel reflejo del clientelismo político y la indigencia intelectual de quienes dicen que nos gobiernan.
¿Tan difícil sería establecer que se use la forma vasca en los textos escritos en vasco y la forma castellana en los textos escritos en castellano? ¿No decimos London cuando hablamos o escribimos en inglés y Londres cuando lo hacemos en español?
Pero con nuestras lenguas se emplea otro rasero, impuesto por las estúpidas normas de la seudocorrección política. Si un catalanoparlante dice Saragossa en lugar de Zaragoza o un gallegoparlante A Habana en lugar de La Habana, ¿por qué un castellanoparlante no puede llamar La Coruña a la ciudad que en gallego se llama A Coruña o Gerona a la ciudad que en catalán se llama Girona?
Y me parece una vergüenza que partidos que se dicen de izquierdas aprueben e incluso aplaudan entusiásticamente como si fuera una señal de progreso una norma que es una imposición de un partido que propugna un rancio conservadurismo y que además atenta contra los principios de libertad (para usar la propia lengua), de igualdad (los vascos van a poder seguir utilizando oficialmente sus formas vascas para los topónimos castellanos, lo cual me parece muy bien) y, por supuesto, de solidaridad, un concepto que en su sentido pleno es ajeno a cualquier partido nacionalista (o mejor debería decir a cualquier partido político al uso).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de febrero de 2011