José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, del PP, defendió ayer la legalidad de la adjudicación del servicio de limpieza de las dependencias de la Corporación provincial y del Museo Arqueológico Provincial (Marq) al grupo Cívica, del empresario Enrique Ortiz. "Es normal y se hizo en base a criterios técnicos", dijo Ripoll sobre la contrata.
Ripoll y Ortiz fueron arrestados el pasado 6 de julio por su implicación en el caso Brugal. Ambos están imputados en el sumario por supuesto cohecho en la adjudicación de la contrata del plan zonal de la basura de la Vega Baja.
Ripoll defendió a capa y espada esta adjudicación al empresario Enrique Ortiz, por 4,2 millones de euros. El también líder provincial del PP argumentó que la oferta de Ortiz conlleva "una bajada económica" de los costos.
El titular de la Diputación recordó que la elección del Grupo Cívica, que ha conseguido la adjudicación del citado servicio de limpieza, fue adoptada por una mesa técnica, un procedimiento que, según destacó Ripoll, ha sido utilizado a lo largo de la presente legislatura, en su mandato anterior y "en el pasado".
El presidente de la Diputación explicó que en dichas mesas de contratación "se elabora primero un informe técnico, que se realiza de manera previa al informe económico, en el que se valoran las ofertas, y en base a la oferta económica que se abre después se adjudican las plicas". A este respecto Ripoll aclaró que por lo que le "han contado", ya que él no estuvo en esa mesa de contratación, la empresa de Ortiz fue la más valorada en el informe realizado por los técnicos. Sin embargo, "al hacer una bajada económica importante superó a otras empresas que habían sido mejor valoradas", agregó.
Ripoll resaltó que el Grupo Cívica es "una empresa que ha trabajado durante mucho tiempo" en el ámbito de la Diputación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de febrero de 2011