Una nueva plataforma reclama la derogación de la Lei de Augas -aprobada por el Parlamento gallego el pasado mes de noviembre-, ya que considera que la norma "no solo privatiza la gestión o el suministro, si no también el propio elemento". Carmen Freire, la secretaria general del Sindicato Labrego Galego -que lleva varias semanas mostrando su desacuerdo con la ley en sus encuentros con los grupos parlamentarios- ejerció también como portavoz de la plataforma en su presentación. Freire explicó que, aunque el órgano gestor del agua en la comunidad es el organismo público Augas de Galicia, ésta es una empresa que se rige "por el derecho privado, fuera de todo tipo de control".
La nueva norma incluye un canon sobre el consumo del agua que se destinará a paliar los efectos del uso de este elemento. Los agrarios, forestales y ganaderos que sobrepasen los 2.000 metros cúbicos a al año deberán pagar si se genera "contaminación de carácter especial" por fertilizantes, pesticidas o materia orgánica. Para Freire, esta medida "asimila que por el hecho de vivir o tener una explotación se es un elemento contaminante". La portavoz de la plataforma exigió que, en lugar de cobrar el canon por el uso de un bien público, se haga un control sobre quien contamina.
Junto a Freire comparecieron el director de Altermundo, Manuel Santos, y el Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira. Además de estas tres organizaciones, pertenecen a la plataforma, que está abierta a más adhesiones, la asociación ecologista Verdegaia, la ONG Amarante y la Marcha Mundial das Mulleres. La plataforma, que está redactando un manifiesto para definir su postura, ha convocado una manifestación el próximo 20 de marzo en Santiago para pedir la derogación de la ley.
En el Parlamento gallego, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, reiteró ayer que los usuarios que tengan captaciones propias no tendrán que pagar el canon, así como la mayor parte de las traídas vecinales. Hernández explicó también que la Lei de Augas contempla que los usos agrarios, ganaderos y forestales, "que representan un elevado porcentaje de consumo" de las traídas, quedan exentos del pago del canon.
La portavoz de Medio Ambiente del PSdeG, Carmen Gallego, acusó al conselleiro de "mentir" y "manipular" y negó que no se fuese a cobrar el canon por esos usos, sino que la Xunta ha retrasado su recaudación hasta después de las elecciones municipales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de febrero de 2011