El recurso anunciado el miércoles por el Grupo Municipal Socialista de Alicante contra la adjudicación provisional de una contrata para asesoramiento técnico de ahorro energético a una firma creada por el hijo de una edil del PP, abrió ayer la caja de los truenos. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, criticó la información dada por la portavoz socialista, Carmen Sánchez Brufal y dijo que tomará medidas para que el juzgado "tape las bocas" a quienes "ensucien el nombre de la ciudad".
La adjudicataria, Gestora de Infraestructuras y Servicios del Sureste, SL, emitió otra nota en la que anunció una demanda de conciliación previa a la querella criminal contra Brufal. La firma negó haber incumplido sus obligaciones mercantiles hasta 2010, dejó claro que no cambió el objeto social sino que lo amplió y defendió su capacidad y solvencia.
Por su parte, Sánchez Brufal solicitó por registro a las áreas de Imagen Urbana y Atención Urbana los trabajos encargados a la adjudicataria de la citada contrata y a la empresa vinculada a ésta.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de febrero de 2011