El presidente del PP gallego no se siente con autoridad para recriminar, ni aplaudir, la política de contrataciones que el barón ourensano de su partido, José Luis Baltar, lleva a cabo en la Diputación. Ayer, flanqueado por su representante institucional en Ourense -Rogelio Martínez, condenado a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios, imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia- y por el propio Baltar -a quien la fiscalía investiga por las contrataciones de personal de la Diputación- Feijóo evitó poner la mano en el fuego por ninguno de sus dos bastiones en la provincia.
"Yo no soy intérprete de nadie, solo soy responsable la Administración que presido", contestó cuando los periodistas le preguntaron si respaldaba la política de contrataciones del presidente de la Diputación y número dos en la lista del PP al Ayuntamiento de Ourense, que contradice su discurso sobre la contención del gasto: de los 74 millones de euros presupuestados, Baltar consume 28 en el capítulo de Personal. "La Administración autonómica tiene que dar cuenta de las políticas de personal que lleva a cabo y las otras administraciones, de las suyas", precisó presidente de la Xunta y del PP de Galicia, ante Baltar.
Contención del gasto
Obviando el caso de la Diputación de Ourense, sobre el que insiste en no pronunciarse, Feijóo considera que la política de contención del gasto que predica queda reflejada en el hecho de que "Galicia es una de las cinco comunidades que cumple con los criterios de déficit público y una de las dos, con Madrid, que en 2009 y 2010 cumplieron con el objetivo del déficit público".
No fue su única evasiva sobre la actuación de sus representantes en la provincia. El presidente gallego dejó en manos de la justicia la cuestionada actuación institucional de su delegado en Ourense, el ex alcalde de Arnoia, Rogelio Martínez.
"Tengo absoluta confianza en la justicia", aseguró evitando poner la mano en el fuego por su representante provincial. "En un Estado de derecho todos tenemos que ser responsables con la ley. Todos", precisó, para argumentar a continuación que los responsables políticos tienen "que lanzar un mensaje de independencia de la justicia y que ésta actúe con rigor y con todas las consecuencias".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2011