Opacidad o falta de transparencia describen la democracia española. El Gobierno socialista planteó, en su programa electoral de 2004, una propuesta de Ley de Acceso a la Información Pública. Por primera vez se hacía referencia al derecho a saber de los ciudadanos, tan obvio en una democracia. La norma se convirtió en una promesa más de los mítines electorales. En 2008, el presidente Rodríguez Zapatero reiteró su promesa. Hoy, España está en el furgón de cola respecto a otros países de la Unión Europea al no contar con una ley de transparencia.
El art. 105 b de la Constitución Española garantiza el acceso a información pública. Las administraciones no desobedecen la Constitución, simplemente enmascaran en solicitudes y autorizaciones, las trabas para acceder a los documentos.
El escaso interés de partidos políticos y administraciones públicas, en este acceso a la información, es evidente. Aspectos tan temidos como la corrupción, los abusos o la mala gestión verían la luz con la nueva ley. Mientras no exista esta norma, informaciones ocultas, como la ideología xenófoba de un partido político en Reino Unido o el ataque del Ejército de Estados Unidos contra un cámara de la agencia Reuters, tendrán que ver la luz a través de altavoces tan temidos como Wikileaks.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2011