Cuando la Xunta anunció que iba a modificar el decreto que regula el transporte sanitario, a finales de 2010, sindicatos y oposición advirtieron que la medida abría la puerta a que los pacientes pagasen. Se escudaban en esta frase: "Su financiación será por cuenta del Servizo Galego de Saúde [Sergas] siempre que no exista un tercero obligado al pago". El decreto fue aprobado el pasado enero, pero, según aseguró ayer en comisión parlamentaria la gerente del Sergas, Rocío Mosquera, "el copago no está en ningún caso encima de la mesa".
Mosquera explicó que los cambios en el texto se produjeron para adaptarlo a la normativa actual "después de 15 años". "También teníamos que regularizar cómo se daban autorizaciones y prescripciones de transporte sanitario, en parte para homogeneizar criterios y para garantizar que todos los ciudadanos tuvieran la misma prestación. Esto puede suponer una redistribución de recursos para prestar atención más rápida y eficiente", argumentó. También defendió el nuevo párrafo argumentado que el Sergas busca cobrar a las mutuas cuyos asegurados usen el servicio público.
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En opinión de la diputada nacionalista Ana Luisa Bouza, la gerente del Sergas no respondió a las preguntas que ella le planteó sobre si abre la puerta a privatizar este servicio. La parlamentaria consideró "sospechoso" que se apruebe un texto diferente para regular el transporte sanitario cuando "coincide con la firma de nuevos contratos para la prestación de este servicio sobre los que la patronal de ambulancias plantearon cambios a la Administración bajo la amenaza de suspender el servicio".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de marzo de 2011