Un juez de Barcelona investiga si la familia Carulla, propietaria de Agrolimen, ocultó 61 millones de beneficios a Hacienda a través de una operación de compraventa de acciones. Una de las sociedades tiene sede en Holanda, donde el sistema tributario es más flexible que en España. Fuentes judiciales consideran que es una de las principales operaciones que resultan sospechosas de evasión fiscal.
El presidente de Agrolimen, Artur Carulla, y su hermana Aurèlia acudieron ayer como imputados al Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, que investiga un presunto fraude fiscal a través de sociedades instrumentales ubicadas en paraísos fiscales. Ambos decidieron no declarar aunque, a preguntas del juez, Artur Carulla precisó que la compraventa de acciones efectuada en 2006 se hizo por criterios corporativos, para mejorar el negocio del grupo.
Según fuentes judiciales, el grupo ocultó 61 millones de ganancias de la empresa ArborInvest, que acabaron en manos de la holandesa Merimare, a través de una compraventa de acciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de marzo de 2011