La memoria histórica oficial, de Estado, en España resulta convenientemente selectiva, recortada y cosida a voluntad de los que transitan los poderes, en vez de contribuir al análisis objetivo del pasado y de los acontecimientos memorables para toda la sociedad civil. Así, rememorar el 23-F, la guerra de la Independencia, la Pepa o Constitución de 1812 perdura dentro de lo que sería memoria correcta o idónea. Pero acordarse del 14 de abril de 1931, es decir, del nacimiento del Estado de derecho de la II República y de su aniquilación en 1936 por un golpe de estado del fascismo militar y nacionalcatólico franquista; honrar a las víctimas producidas y desaparecidas por los vencedores de la guerra a lo largo de 40 años de dictadura e identificarlas con la dignidad que todavía se les debe, continúa como poco obviándose. Esta no es memoria correcta, pues parece tener en contra al Poder Judicial, en tibieza al Legislativo y en omisión al Ejecutivo.
Y los españoles así nunca superan su ayer más ingrato, permanecen en crónica inmadurez civil o en la inopia. Nada honra al vigente Estado de derecho tan flagrante agravio: tanta desmemoria que resta cada vez más democracia, la cual, sumada a la que se recorta a la mayoría de españoles por la pertinaz crisis económica y la corrupción, puede acabar brillando por su ausencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de marzo de 2011