En Galicia existen 43.052 dependientes que aguardan por una prestación de la Xunta y entretanto el Gobierno gallego mantiene cerrados 20 centros de día, 13 construidos por el bipartito y siete edificados por ayuntamientos que luego transfirieron los inmuebles al Consorcio de Servizos Sociais que durante la legislatura anterior gestionaba el vicepresidente Anxo Quintana. El dato lo ofreció ayer el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, quien recomendó a la Xunta la solución para aliviar las listas de la dependencia. "Abran esas residencias, podemos calcular que serán 100 plazas por centro y ya tendríamos a 2.000 personas atendidas. Si no lo hacen es porque están esperando a que alguna empresa privada se interese por abrir y gestionar estos centros de día. Para ustedes las necesidades de las personas son secundarias, se condicionan al negocio".
La diputada socialista Beatriz Sestayo porfió con el mismo argumento. Según el PSOE, la Consellería de Traballo e Benestar que gestiona Beatriz Mato habría remitido una directriz al personal de su departamento "para derivar al mercado privado las prestaciones de la Ley de Dependencia". "La Xunta instó a los órganos de elaboración de los planes individualizados de atención a que no prescriban en ningún caso el Servizo de Axuda a Domicilio dentro del catálogo de prestaciones de la ley", aseguró Sestayo, quien añadió: "Hay otras tres comunidades que ofrecen esa misma instrucción y sí, son las que ustedes están pensando: Valencia, Madrid y Murcia".
La Consellería de Traballo y el propio Feijóo nunca han ocultado que prefieren la gestión privada de las residencias porque resulta "más barata" y permite a la Xunta abrir más centros con esa fórmula que debe contar con el aval de los alcaldes implicados.
Socialistas y nacionalistas la rechazan. Ayer sus diputados recordaron que Galicia es la segunda comunidad más atrasada en el pago de la prestación, cuando con la Xunta anterior era la tercera. La oposición criticó la "demagogia" del entonces candidato, Alberto Núñez Feijóo, que prometía solucionar el problema en 120 dias si accedía al poder y animaba a los dependientes sin prestación a denunciar a la Xunta en los juzgados. Desde los bancos del PP, la viceportavoz Marta Rodriguéz Arias responsabilizó al Gobierno central por no pagar el 50% de las prestaciones, tal y como le correponde por ley.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de marzo de 2011