España es el único país de los grandes de Europa que no cuenta en su legislación con una ley que permita el acceso de todos los ciudadanos a la información pública. No es de recibo que el Gobierno de Zapatero haya anunciado la creación de esta ley ya en dos ocasiones, en 2004 y 2008, y que hayan terminado siendo meras promesas incumplidas.
El acceso a la información pública es un derecho de todos, reconocido en los tratados internacionales y parte esencial del derecho de la libertad de expresión. Más de 80 países ya han introducido esta ley en sus respectivas legislaciones. En España, sin embargo, solo se puede acceder a la información de carácter público si el individuo es parte interesada en el asunto que concierne.
El evitar esta ley no es más que una muestra de que tienen asuntos o datos que prefieren mantener en la sombra, un punto a favor de la hipótesis sobre la poca transparencia que existe dentro de la Administración pública española. En definitiva, se reafirma la sensación de que no existe claridad y nitidez en los asuntos públicos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de marzo de 2011