Ante los errores de estimación de los parámetros de la economía española por parte de las agencias de calificación, se ha planteado por algunos su falta de fiabilidad. Sin embargo, la historia reciente no parece indicar eso, todo lo contrario, son altamente fiables... para sus intereses. Que en un país les presentan una demanda en los tribunales: se le baja el rating; que se trata de evaluar a un buen (y poderoso) cliente: se le da la máxima calificación (Lehman Brothers, General Motors...) aunque quiebre al día siguiente.
Es sencillo: ¿se evalúan las subprimes que sabían impagables? Se analiza el registro histórico de impagos. ¿Se evalúa un país incómodo? Se hacen previsiones sin fundamento, en el momento menos fundado y que más daño puede hacer y, de paso, se baja el rating simultáneamente a la mayoría de su banca.
Ahora, su poder debe ser inmenso: han conseguido dejar en agua de borrajas la decisión de hace ya unos años de todos los Estados europeos, de crear una agencia de calificación propia y pública. Y la noticia reciente era que a los Estados les preocupaba la regulación de las agencias.
Y sus directivos y propietarios siguen sin tener que asumir ninguna responsabilidad por sus diagnósticos errados, aunque hayan servido para dirigir incorrectamente inversiones particulares que se ven frustradas arruinando a la gente o provocando una crisis financiera mundial. Algo habrá que hacer, aunque lo que insinúa Joaquín Almunia parece claramente insuficiente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 28 de marzo de 2011