Uno de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal especializado en blanqueo de capitales, aseguró ayer en el juicio del caso Malaya que el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, inició sus ocupaciones en el Ayuntamiento en 1992 y desde 1993 se tiene conocimiento de operaciones que le beneficiaban.
Señaló que hubo una actividad empresarial "oculta" de Roca durante su vinculación con sociedades municipales y que el gabinete jurídico cuyos principales miembros están acusados proporcionaron sociedades que, como sostiene el fiscal, "sirvieron para efectuar determinados negocios cuya nota principal es la posición del señor Roca en la corporación". El policía indicó que, inicialmente, el patrimonio de Roca "estaba oculto bajo la tapadera societaria" y, aunque existían informaciones que apuntaban a que determinadas empresas podían ser de su propiedad, "era imposible descubrir cuáles sino se aplicaban determinados tipos de investigaciones".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de marzo de 2011