La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona ha imputado al menos a otras 10 personas por su presunta implicación en la supuesta trama que cometió fraude fiscal y malversación de fondos públicos en las obras de ampliación del puerto de Barcelona. La juez ha citado a declarar entre el 5 y el 8 de abril a estos imputados, responsables de empresas suministradoras de las obras, tras recibir informes de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil. Xavier Martí, ex director de obras del dique este, y más de una decena de constructores siguen imputados mientras el juzgado trata de precisar cuánto dinero defraudó la trama.
Estas empresas suministradoras podrían haber ejercido de testaferros de la empresa subcontratada Coterras y como representantes de la unión temporal de empresas (UTE) que se formó para construir el dique. Se trata de pequeñas sociedades que suministraban material a Coterras pero que podrían ser meras tapaderas para justificar una actividad que nunca existió.
La trama se fraguó a partir de 2001, cuando la Autoridad Portuaria (APB) adjudicó a la UTE las obras de ampliación del dique este por unos 165 millones, ampliados dos años después a 197. Al margen de la causa penal, la APB presentó en septiembre una demanda civil contra la UTE por un presunto fraude de 40,7 millones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de marzo de 2011