Una sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo número 2 de Vigo da la razón al sindicato CIG en una demanda interpuesta contra la decisión de la Consellería de Educación de "reducir en un 5%" la gratificación que se abonó a un docente tras acogerse en 2010 a la jubilación anticipada. Según estima el sindicato, este fallo supondrá que el departamento autonómico deberá abonar "aproximadamente unos 500.000 euros" que retuvo "ilegalmente" al profesorado que se jubila anticipadamente. Educación replica que la sentencia "no es firme" y que se limita aplicar la reducción impuesta por el Gobierno, informa Europa Press.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de marzo de 2011