La pugna política entre el PSPV y el PP en Benidorm ha acabado también en formato judicial por el enconamiento político que se vive en la ciudad. En la mayoría de los casos la iniciativa ha sido de los populares y ahora una decena de causas deberán ventilarse judicialmente.
El último capítulo vivido en la misma precampaña es la decisión del PP de recurrir ante la Junta Electoral la presentación de la candidatura a la alcaldía de Agustín Navarro prevista para el pasado viernes porque el acto estaba avalado por una plataforma ciudadana llamada Pasión por Benidorm, creada para promover a Navarro desde fuera del partido y así centrifugar la inversión propagandística eludiendo su fiscalización.
El alcalde Navarro tiene incluso una demanda por conducta homófoba
La Junta Electoral se reunió de urgencia y decidió suspender un acto al que acudieron más de 2.000 personas, aunque todavía deberá pronunciarse sobre la petición de retirar toda la propaganda de Pasión por Benidorm que puebla la ciudad en fachadas, autobuses, mupis y otros soportes. El PP recorrió todo Benidorm con un notario que levantó acta del número de lugares físicos donde se anuncia la plataforma, documento que aportó al juzgado de La Vila. El viernes por la noche, la Junta acordó ordenar retirar toda la publicidad de Pasión por Benidorm, incluso la que lucen los autobuses urbanos, que ayer no pudieron circular. El PP baraja denunciar en el juzgado la inversión en propaganda de la plataforma ciudadana. La judicialización de la vida política benidormense se inició tras la moción de censura. Producto de la decisión de los concejales del PSPV de darse de baja de su partido antes de firmarla fue la presentación de tres recursos contencioso administrativos, dos del Grupo Municipal Popular y otro más del Consell, que pretenden el paso a la condición de concejales no adscritos de los 12 componentes del Grupo Municipal Socialista. Ninguno de estos recursos ha sido juzgado.En julio de 2010, el PP llevó a la Fiscalía de Alicante la compra de mobiliario urbano sin procedimiento de contratación alguno que llevó a cabo la Concejalía de Escena Urbana. Tras investigar el asunto, el fiscal decidió el mes pasado dar traslado de los hechos al juzgado de Benidorm al apreciar un posible delito de fraude en contrato público.
La misma fiscalía decidió investigar de oficio, en una decisión insólita, qué había de cierto en unas declaraciones del concejal de Urbanismo de Benidorm, Jaime Llinares, en las que aseguraba que el empresario Enrique Ortiz no había pagado "ni un céntimo de euro" del canon que estaba obligado a abonar como concesionario de la explotación de la estación de autobuses de la ciudad, inaugurada en 2007. El asunto también está en manos de un juez.
El pasado marzo, el portavoz popular Toni Pérez ratificó la querella interpuesta contra el alcalde Agustín Navarro y su lugarteniente, José Bañuls, por una supuesta prevaricación continuada tras aprobar el 31 de mayo de 2010 por la vía de urgencia la rescisión del contrato de la empresa concesionaria que gestiona la zona azul y la grúa de la ciudad sin contar con los informes preceptivos y tras repetidas advertencias del grupo de la oposición. La mercantil Park Control 2000 ya promovió otra querella que hizo extensible a todo el gobierno local, pero el juzgado de Benidorm y la Audiencia de Alicante decretaron "el sobreseimiento libre" de la causa, aunque posteriormente ParkControl presentó un recurso contencioso administrativo todavía en trámite.
Entre medias, el presidente del Grupo de Amigos Gay de Benidorm, Juan Luis San Nicolás, una organización próxima al PP, presentó en el juzgado número 4 de Benidorm una denuncia contra el alcalde Agustín Navarro y el concejal de Turismo, Manuel Cabezuelos, por presunta conducta homófoba. Según la versión de San Nicolás, ambos regidores habrían vejado y discriminado a los miembros de su asociación por su condición sexual, incluso con insultos. Días después, Navarro y Cabezuelos respondieron con el anuncio de una querella por injurias, denuncia falsa y atentado contra el honor.
Tampoco ha esquivado el juzgado el exalcalde Manuel Pérez Fenoll, que declaró el 18 de febrero en el juzgado por prevaricación al denegar al propietario de una televisión local ahora cerrada una cesión de crédito tres meses antes de la moción de censura. El juzgado sobreseyó provisionalmente el caso la misma tarde que la juez tomó declaración a Fenoll. El denunciante ha recurrido la decisión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de abril de 2011