En estos momentos, solamente en Cataluña, se están llevando a cabo 270.000 ejecuciones hipotecarias. Es muy lamentable que en una democracia consolidada como es, teóricamente, el Estado español, todavía no se haya podido resolver una cuestión social básica que está creando una auténtica alarma social.
No puede ser que el lobby bancario hispánico pueda pasar por encima de partidos e instituciones democráticas. Es totalmente incomprensible que una minoría financiera pueda ahogar la voz del pueblo soberano. La ideología de los señores de la banca hispánica no puede bloquear la economía de todo un país. No puede ser que la mayoría de las instituciones no reaccionen ante esta profunda injusticia que representa el actual sistema de expropiación de la gente que no puede pagar su hipoteca.
Es necesario planificar más alquiler social y, sobre todo, hacer entender a la gente que la burbuja inmobiliaria es un cáncer que hay que superar. Las hipotecas salvajes han provocado una terrible morosidad e insolvencia privada. No podemos permitir que esto provoque también una aniquilación de la democracia social.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de abril de 2011