El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, se mostró ayer crítico con los responsables de la planta de celulosas de Ence en la ría de Pontevedra, de los que señaló que "no están respondiendo" a las peticiones que la Xunta les ha transmitido para que propongan un emplazamiento alternativo al actual. Hernández apuntó que la Xunta, que actualmente tramita la autorización ambiental integrada para la fábrica al agotarse los tres años desde que se dio por última vez, en 2008, puede limitar el plazo del nuevo permiso.
"La renovación es un procedimiento reglado, pero hay que reflexionar sobre por qué plazo lo damos", explicó Hernández, quien acudió a una reunión con miembros del comité de empresa de la fábrica en la sede de la Xunta en Pontevedra. El conselleiro insistió en que el límite máximo de 2018 que fija la Ley de Costas para que Ence abandone la ría es "incuestionable" para el actual Gobierno autónomo, el primero del PP que no aboga por la permanencia del complejo en su actual localización en la parroquia de Lourizán.
Hernández insistió en que el Ejecutivo gallego quiere que la planta se traslade a otro emplazamiento en la comarca pontevedresa, pero cree que debe ser Ence la que lleve la iniciativa. "Nuestra voluntad es firme y clara pero la empresa debe mover ficha. Si no lo hace la Xunta tendrá que buscar alternativas para garantizar el futuro de nuestro sector forestal", apuntó. El conselleiro indicó que la Xunta dará por hecho que Ence cerrará en 2018 si continúa sin proponer soluciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de abril de 2011