Vincular el salario a la productividad es otro grillete más que tendrán que soportar numerosos trabajadores, aunque no todos. En primer lugar, no hace falta implantar ninguna ley generalizada para que las empresas establezcan mecanismos salariales que incentiven la productividad. En segundo lugar, si se suprime la referencia al IPC con carácter general suspenden un mecanismo sobre el que ha habido un consenso social en las últimas décadas y que ahora quiere ser roto por los sectores de la patronal y algunos grupos políticos.
Es, sin duda, un mecanismo de mayor control de los trabajadores que ya se ven sometidos a una incertidumbre permanente. Los políticos que están por esta solución deberían explicarnos cómo se va a aplicar por ejemplo, a los miembros del Consejo de Ministros, de las Cámaras legislativas, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado y a un sinnúmero de colectivos cuya medición resultaría harto difícil como son las Fuerzas Armadas o todos los aparatos para la Seguridad del Estado, por mencionar solo algunos. ¿O es que todos ellos van a quedar exentos?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de abril de 2011