Como cada vez que el espinoso asunto de la trama agraria se vuelve contra los acusadores, la Xunta ha vuelto a tirar de archivo para salir al contraataque. Lo hizo al conocerse la imputación de dos directores generales de Traballo y Presidencia por presunta prevaricación administrativa, el pasado 24 de febrero, cuando se aferró a un trámite fiscal que conocía desde principios de enero para insistir en su acusación. Y lo ha vuelto a hacer ahora, al desvelar datos de un informe del 26 de julio de 2010 que cifra las supuestas irregularidades en 228.000 euros.
El conselleiro de Presidencia y número dos del PP, Alfonso Rueda, indicó ayer que ese informe, aún provisional, "constata irregularidades", de modo que "existe esa posibilidad" de reclamar la devolución de 228.000 euros. La cifra supone apenas la tercera parte de la que todavía la semana pasada blandía el PP, al acusar al PSdeG de financiarse ilegalmente con 640.000 euros de subvenciones del bipartito a entidades afines a Unións Agrarias.
El informe de la Xunta ahora rescatado no habla de financiación del PSdeG ni de fraude, sino de supuestas irregularidades laborales. Pero su contenido es suficiente en todo caso para que la Xunta vuelva a cuestionar la actuación del anterior Gobierno cuando el juez investiga el presunto desvío de poder del de Feijóo, que inspeccionó simultáneamente y por sorpresa 13 asociaciones una semana después de que el PP denunciara el caso en una rueda de prensa. El contraataque con la supuesta trama llega además en vísperas de que el Parlamento debata hoy una interpelación socialista sobre la actuación de la Xunta al respecto.
Rueda admitió, en todo caso, que el informe ahora conocido, y que se remitió al juzgado un mes después de que el PP presentara una denuncia ante el juez, está inconcluso, ya que la investigación administrativa se paralizó "cuando el tema se judicializó". El conselleiro avaló la cifra de 228.000 euros, publicada el pasado domingo por La Voz de Galicia, aunque advirtió que avanza "un resultado que aún no se produjo".
El PP, mientras, continúa con su oferta de retirar la investigación parlamentaria de la trama agraria si el PSdeG cesa su "permanente acoso" a la Xunta. El portavoz del PP en la Cámara, Pedro Puy, afirmó ayer que su grupo tomará "la decisión que considere oportuna" en función de "la actitud" de los socialistas, un planteamiento del que dijo que no debe verse "ni mucho menos" como "una amenaza" a la oposición.
El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, descartó esta posibilidad, que consideró un "cambalache". "No es un problema de cambiar cromos", advirtió Vázquez, sino de que es "la primera vez en la historia democrática de Galicia" que un Gobierno está "imputado por abuso de poder", informa María Pampín. El líder socialista también respondió con ironía a la acusación de "acoso" a la Xunta lanzada por Pedro Puy, preguntándose si acaso el que entró en las sedes de Unións Agrarias fue el PSdeG. "Verán como no tardan en decir que la orden de entrar la dio el PSOE", abundó, para advertir de que "lo grotesco tiene un límite".
La celeridad con que actuó la Xunta tras la denuncia del PP de la supuesta trama agraria contrasta con la calma con que el Gobierno gallego ha asumido la implicación de funcionarios autonómicos en la Operación Orquesta. Este sumario ha destapado una red para captar de forma fraudulenta subvenciones públicas, "con la connivencia de funcionarios" de la Consellería de Cultura, incluido su jefe territorial en A Coruña, según el juez. Rueda admitió la posibilidad de abrir una investigación, pero sólo si "las circunstancias así lo aconsejan", sin que de momento considere que eso ocurra.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de abril de 2011