El Gobierno inició ayer la adaptación de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía o ley del Suelo a la legislación estatal, en la que se ampliará el derecho de consulta de los ciudadanos. La norma mantiene intacta la reserva del 30% para viviendas de protección oficial de los planeamientos urbanísticos, según explicó la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.
Con la reforma los ciudadanos podrán requerir información sobre las condiciones de cualquier suelo la administración está obligada a responder en tres meses. Los planes generales también deberán contener un informe de sostenibilidad económica de los ayuntamientos y todos los documentos deben contener una explicación comprensible para los ciudadanos.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el nombramiento del expresidente de la Junta Rafael Escuredo como miembro electo del Consejo Consultivo de Andalucía, al que se incorpora también Francisco Gutiérrez Rodríguez.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de abril de 2011