El PP se preguntó ayer "al servicio de quién está la Fiscalía Anticorrupción" cuando, explicó, en los tres años de investigación del caso de irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), que se inició con Mercasevilla, "tan sólo ha intervenido en dos ocasiones: para recusar a la juez, Mercedes Alaya, y para recurrir sus autos".
La portavoz del PP, Rosario Soto, mostró su extrañeza en rueda de prensa porque estas dos acciones hayan sido las dos únicas intervenciones de la Fiscalía Anticorrupción, y dijo que a su partido le gustaría saber si la Junta se ha personado en la causa para "acusar" a la juez o realmente para "defender los intereses de los andaluces". En su opinión, día tras día es más "patente la obstrucción" de la Junta y el PSOE a la justicia, así como su intención de "esconder la verdad". Según Soto, la teoría de la colaboración permanente de la Junta se "derrumba todos los días porque va de recurso en recurso contra los autos que dicta la juez".
Rosario Soto dijo que la juez Alaya está haciendo una "instrucción ejemplar" desde el primer minuto, y todo aquello que estime necesario para esclarecer el caso "habrá que facilitárselo". En referencia al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la portavoz del PP manifestó que "no sabe dónde esconderse ni qué decir".
El líder del PP, Javier Arenas, fue el primero en cuestionar el trabajo de los fiscales en este caso, al afirmar, el viernes pasado, que se habían producido, en los últimos días, "nombramientos de fiscales vinculados a los ERE". "El fiscal tiene que estar al servicio de la investigación, de la legalidad y la transparencia y no al servicio del Gobierno autonómico", dijo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de abril de 2011