Un enlace colgado en la página web de la Consellería de Mar fue el primer y único aviso de que la Xunta está tramitando una reforma de la Ley de Portos de Galicia. Es una reforma de artículo único, el que permite ampliar los plazos máximos de las concesiones portuarias de 30 a 75 años, y de una disposición también única, para facilitar que las concesiones ya en vigor puedan acogerse a la ampliación.
"Teníamos pensado anunciarlo públicamente, pero pensamos que en vísperas electorales se nos podía acusar de hacer campaña", se explica el presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana. El máximo responsable del ente autonómico apunta a razones "esencialmente económicas" como motivo del anteproyecto legislativo, que espera que el Consello de la Xunta remita al Parlamento antes del verano.
La medida, señala, forma parte de un proyecto de inversiones público-privadas en los puertos de competencia autonómica, que son todos excepto los de Vigo, Marín, Vilagarcía, A Coruña y Ferrol. Básicamente, para "actuaciones de abrigo, infraestructuras para la náutica de recreo y aparcamientos subterráneos". "Son inversiones importantes que necesitan amplios períodos de amortización, y si no cambiamos la ley, corren el riesgo de quedarse sin financiación", argumenta.
105 millones
Campana cifra en 105 millones de euros las inversiones "en el plazo de los tres o cuatro próximos años" previstas en su plan, "con su consiguiente efecto en el empleo". "Con plazos de 30 a 35 años, no nos daban las cifras y no se podía conseguir financiación", advierte Álvarez-Campana.
Los servicios jurídicos de Puertos del Estado están estudiando el anteproyecto de la Xunta, del que no tienen todavía comunicación formal, para saber si puede vulnerar la libre competencia, ya que el régimen para los puertos de interés general no puede superar los 35 años.
Álvarez-Campana sostiene en cambio que las competencias autonómicas le permiten legislar sobre los plazos de las concesiones en los puertos gallegos y que la medida no choca con la Ley de Costas, que establece también un plazo máximo de 30 años en las concesiones en dominio público marítimo terrestre.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de abril de 2011