Una de las quejas recurrentes de los jueces y magistrados malagueños que ejercen fuera de la capital es el mal estado de los edificios en los que trabajan. Esta situación es especialmente grave en Marbella. El presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Arroyo, aseguró ayer que "cuando llega un ciudadano extranjero que no conoce la profesionalidad de las personas que trabajan en los juzgados y ve el aspecto del edificio, sinceramente, su nivel de confianza en los tribunales españoles se queda bajo cero". El magistrado afirmó incluso que los representantes diplomáticos afincados en la provincia le han manifestado en alguna ocasión la necesidad de mejorar las instalaciones judiciales de algunas localidades.
En el caso de Marbella, Arroyo reconoció que la recién nombrada delegada de la Consejería de Gobernación y Justicia en la provincia, Remedios Martel, se ha mostrado "receptiva" sobre la necesidad de construir un nuevo edificio judicial. "Los ciudadanos requieren edificaciones dignas (...) Es el momento de iniciar los pasos, al menos de fijación de suelo y de ubicación", reclamó el máximo representante de los magistrados de la provincia.
Respecto a la polémica sobre el uso del aparcamiento del sótano de la Ciudad de la Justicia de Málaga, Arroyo recordó que la última sentencia del Tribunal Supremo no anula el acuerdo entre la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el que se reserva un cupo de plazas de estacionamiento para jueces, fiscales y secretarios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de abril de 2011