Ya no hay posibilidad de que Xaquín García Couso vuelva a ser elegido alcalde de Arzúa tras las próximas municipales. El Tribunal Constitucional se negó a admitir a trámite el recurso que puso el regidor provisionalmente inhabilitado para poder concurrir a los comicios. Y ayer llegó la puntilla que pone fin al proceso y que lo deja definitivamente fuera de la carrera electoral: la fiscalía no recurrirá esta decisión, según informaron fuentes del ministerio público. Solo el fiscal podría mantener vivo el proceso y las esperanzas del nacionalista de revalidar su mandato. Pero esa vía ya está cerrada y el candidato será Xosé García López, concejal de Cultura.
García Couso está inhabilitado por seis meses, en una sentencia que no es firme, por no ejecutar el derribo de un edificio autorizado por su predecesor, del PP. Este partido, que permaneciçó seis años sin demoler el mismo inmueble pese a estar conminado por los tribunales, aprovechó una ley para excluir a Batasuna de las elecciones y dejar así al nacionalista fuera de los comicios. La Junta Electoral de Santiago dio la razón al PP, que ante el rechazo del recurso de amparo presentado en el Constitucional y la negativa de la fiscalía ha logrado su objetivo.
El regidor se queja de que muchos en su situación sí se podrán presentar
Fuentes de la fiscalía explican que en una modificación legal de 2007, realizada para evitar el abuso de los recursos al alto tribunal, se introdujo la condición de que tienen que justificar la relevancia constitucional del asunto a examinar. Estas fuentes argumentan que en este caso no se ha hecho y como la fiscalía ha evitado ese trámite en otros asuntos similares, no va a hacer una excepción con este.
El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, compareció ayer en la Cámara acompañado de Xaquín García para denunciar que el regidor de Arzúa es "el primer daño colateral de una ley de excepción pactada por el PP y el PSOE". Aseguró que se ha aplicado una reforma de la Ley Electoral pensada para evitar que formaciones que justifican la violencia puedan presentarse a las elecciones. "Nada de esto tiene que ver con el caso del alcalde de Arzúa", dijo Jorquera.
El preámbulo de la modificación de la norma, que califica de inelegibles a quienes tengan sentencias "aunque no sean firmes, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado", especifica que trata de evitar que "formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan concurrir a futuros procesos electorales". García manifestó que son muchos los alcaldes y concejales que están en la misma situación que él y se preguntó cuántos se van a presentar. "¿En el caso de que ganen, van a gobernar?", cuestionó al tiempo que criticaba la situación que en este sentido deja la ley electoral.
Más duro se mostró el exportavoz nacional del BNG y líder del Encontro Irmandiño, Xosé Manuel Beiras, quien criticó que "mientras Camps y todos los podridos corruptos y procesados pueden ir en las listas, resulta que se le hace un juicio de intención a quien fue víctima de un chantaje". "Y eso lo hace una junta electoral, mira tú cómo podemos pensar que van a ser unos resultados de las elecciones, pues más o menos como en el franquismo", concluyó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de mayo de 2011