La juez no tramitará de momento ante el Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta, que se negó a entregar las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001. Mercedes Alaya argumenta "coherencia procesal" y "evitar tramitaciones paralelas y pronunciamientos inútiles o contradictorios" para esta decisión, ya que existen recursos por este asunto planteados ante la Audiencia Provincial de Sevilla.
La magistrada había pedido las actas a la Junta, que se negó a entregárselas por entender que son reservadas. Antes de decidir si enviaba el caso al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo, la magistrada advirtió al Ejecutivo de que si no entregaba la documentación en 72 horas cometería un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Finalmente, la Junta entregó las actas para su custodia en sede judicial después de que Alaya insinuara que el Gobierno podría alterarlas.
Ahora la juez deja en suspenso la decisión de elevar la petición de las 480 actas al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Supremo, a la espera de que la Audiencia se pronuncie sobre los recursos a sus autos en los que exigía las actas a la Junta. Esta espera no impide a Alaya avanzar en el resto de vías abiertas en la compleja investigación.
Asombro del Gobierno
Fuentes del Gobierno andaluz mostraron ayer su asombro por el nuevo auto de la juez y consideraron que Mercedes Alaya está incurriendo en una infracción legal, informa Lourdes Lucio. Esta opinión ya la manifestó la Junta en el recurso de apelación que elevó a un auto de la instructora del pasado 30 de marzo.
En este escrito, Alaya se resiste a elevar al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Tribunal Supremo le negativa de la Junta a entregar las actas de todos los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta ahora (unas 480). Al final, la Junta entregó las actas que han quedado guardadas en un armario blindado en los juzgados de Sevilla, pero a las que la juez no podrá acceder hasta que se dirima el conflicto competencial.
El presidente José Antonio Griñán eludió ayer pronunciarse sobre este conflicto que ha enfrentado al Ejecutivo con la juez Alaya, que incluye agrios escritos judiciales. "Habrá una contestación jurídica, no política", se limitó a contestar el presidente en un acto público.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de mayo de 2011