La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha ordenado a la policía que investigue el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, así como el de su esposa, los padres e hijos de ambos, sus hermanos y las parejas de estos últimos. Es decir, la familia de Fernández al completo.
La magistrada decreta en un auto esta medida, que incluye el capital y los bienes de las familias del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el intermediario Juan Lanzas y el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
La instructora aclara la imputación de Fernández por ser "indiciario conocedor" de las pólizas ilegales que realizó Guerrero a los intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas), por conocer los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta expuso ante el procedimiento para conceder las ayudas públicas, y finalmente por su inclusión en 2008 en el ERE de la empresa González Byass, donde Fernández dejó de trabajar en 1981. Este ERE incluía 31.419 euros que cobrará cuando esté desempleado o se jubile, y una póliza por 386.000 euros que el exconsejero rechazó cobrar al no firmar su adhesión a la póliza.
Mientras, la juez no tramitará de momento ante el Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta, que se negó a entregar las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001. Alaya argumenta "coherencia procesal" para esta decisión, ya que existen recursos por este asunto planteados ante la Audiencia de Sevilla.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de mayo de 2011