Sin duda, la cualificación y la competencia profesional de los ciudadanos es un índice del grado de desarrollo de un país. El problema es que, en muchas ocasiones, ambos conceptos están disociados. Por ello me he congratulado hondamente cuando he sabido que el Consejo de Ministros ha dado un paso más para reconocer derechos a los ciudadanos.
Se trata del denominado Programa Acredita, que va a posibilitar que miles de trabajadores que no han finalizado estudios ni tienen acreditación profesional puedan conseguirla a través del reconocimiento de su historia laboral.
Como docente, he visto tantos y tantos casos de alumnos que abandonaban los estudios para incorporarse al mundo laboral en un camino de difícil retorno, que este acuerdo no puede sino llenarme de alegría por cuanto, sin duda, va a representar una nueva oportunidad de seguir avanzando en su formación.
Reconocer la experiencia laboral debidamente acreditada es un paso muy importante hacia la normalización y la integración de teoría y praxis. Supone un camino de doble vía justo y necesario a la vez que un reconocimiento del valor de la experiencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de mayo de 2011