La Generalitat insiste en que el mapa eólico que aprobó el anterior Ejecutivo para delimitar las zonas de implantación de esta energía en Cataluña no es un plan ni un programa. Por eso dijo ayer que se seguirá acogiendo a este principio y recurrirá ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar que un juez impuso sobre el mismo, tras dar la razón a asociaciones ecologistas que señalaban que le faltaba un estudio de impacto ambiental.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fue el que dictó hace dos meses una resolución cautelar que dejaba congelada la aplicación de la planificación de Zonas de Desarrollo Prioritario para energía eólica, a pesar de que ya estaban adjudicadas por concurso dichas zonas a Gas Natural-Alstom, Comsa Emte-GERR, Fersa-Aventalia y FCC, por proyectos que suponían una inversión de unos 1.250 millones.
Tal como ya adelantó el consejero Francesc Xavier Mena, responsable del Departamento de Empresa y Empleo, tras este recurso el Gobierno espera que la respuesta del Supremo pueda tardar incluso un año.
El Departamento de Territorio anunció ayer, además, que ha comenzado a comunicar "la resolución de los recursos de alzada que presentaron algunas empresas participantes en el concurso eólico", que finalmente no han supuesto modificación alguna en las zonas en licitación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de mayo de 2011