La OCDE trae malas noticias sobre la recuperación y moderadamente buenas sobre la solvencia de las cuentas públicas. En su informe sobre las perspectivas económicas de los países industrializados confirma que el crecimiento este año será bajo (el 0,9%, cuatro décimas menos que la previsión del Gobierno) y que, en consecuencia, la tasa de paro se mantendrá por encima del 20%. La situación será formalmente algo mejor el año próximo, con crecimiento del 1,6% (la OCDE, advertida por las dificultades de la reactivación española, ha reducido en dos décimas la previsión de septiembre) y de paro del 19,3%. No se aparta ni un ápice del guion: la economía española se ha quedado notablemente rezagada en la fase de recuperación y carece de impulso para crecer a tasas que generen empleo.
Es más, la OCDE sugiere que la tasa de paro anterior a la crisis (8,9%) no se conseguirá hasta que pasen 15 años. Quizá la proyección sea excesivamente pesimista, pero se fundamenta en un análisis aceptable, cierto en todo caso para los próximos dos años. La demanda (el consumo en particular) es muy débil y, como la aportación del sector exterior no basta para reactivar la economía, es difícil suponer que en un plazo aceptable el empleo pueda crecer de forma significativa. Tampoco aparecen las fuerzas que empujarán el consumo, porque la política económica sigue criterios de restricción fiscal, tanto en el Gobierno como en las comunidades autónomas.
La OCDE ha entrado, para bien, en la estabilidad presupuestaria. Asegura la organización que España cumplirá los objetivos de déficit en 2012 (4,4% del PIB), aunque calcula que este año será del 6,3%, tres décimas más de lo previsto. La precisión es importante porque una de las razones que han disparado la prima de riesgo en los últimos días ha sido la presunción de que el déficit presentaría una desviación de más de un punto sobre lo proyectado.
Las proyecciones de la organización dejan poco resquicio a las dudas existenciales. El Gobierno español tiene que asegurar el objetivo de déficit (la OCDE sabe que España tiene margen para subir impuestos) y concluir las reformas pendientes. En el caso de la financiera, parece dilatarse más de lo debido; y en el caso de la negociación colectiva, los empresarios cuentan con firmarla a primeros de junio. Si no fuera así, el Gobierno tendría que actuar por decreto. La tarea más urgente es evitar una crisis en las condiciones de solvencia que se sume a la confusión política.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de mayo de 2011