El Negocios de este domingo pasado cuestionaba la ejemplaridad de que Acerinox me haya nombrado consejero independiente cuatro años después de que dejara la presidencia de la CNMV.
El autor reconocía que la incompatibilidad legal dura dos años, pero invocaba una supuesta renuncia (¿a perpetuidad?) de mi antecesor, Juan Fernández-Armesto, a ser consejero de sociedades cotizadas.
Coincido en que hay que respetar no solo la letra de las leyes, sino también su espíritu. Pero no comparto el novedoso principio ético de que el paso por un organismo público inhabilita a perpetuidad para actividades profesionales relacionadas (incluso de forma indirecta) con antiguas competencias.
Juan Fernández-Armesto, buen amigo y admirado árbitro, tampoco lo hace; y no creo que EL PAÍS defienda con sinceridad esa regla, pues nunca la ha invocado respecto a otros antiguos altos cargos por los que siente más devoción que por mí.
La noticia, en el fondo, dice más de la ética de su autor que de la mía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de junio de 2011