Al menos tres diputados catalanes han presentado ante la fiscalía una denuncia por las agresiones y amenazas que recibieron de un grupo de personas que intentaban bloquear el acceso al Parlament el 15 de junio. Una de las representantes que ha denunciado el caso es la socialista Montserrat Tura. La exconsejera de Interior y de Justicia en el Gobierno tripartito fue marcada por la espalda con una cruz de color negro.
El diputado de Convergència i Unió (CiU) Josep Maria Llop, que es invidente, también ha acudido a la fiscalía para explicar que varias personas lo zarandearon y trataron de robarle su perro guía, explicaron fuentes judiciales. El tercer diputado, que ayer no quiso detallar su nombre,también es de la federación nacionalista, Otros cuatro políticos de CiU se están planteando ejercer su acción, aunque la federación prefiere no revelar sus nombres. Ningún otro representante se propone, por ahora, presentar denuncia.
La fiscalía, que abrió diligencias por los incidentes violentos frente al Parlament, continúa su investigación a la espera de que los Mossos d'Esquadra le faciliten el material de la jornada y le acrediten pruebas contra algunos de los implicados. Además de detener a seis personas por desobediencia y resistencia a la autoridad, la policía autonómica ha identificado a otros 10 manifestantes que, al bloquear el acceso a la Cámara catalana y amedrentar a algunos de los diputados, podrían haber incurrido en delitos contra las instituciones del Estado, castigados con penas de hasta cinco años de cárcel.
Los incidentes en el Parlament obligaron al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a varios de sus consejeros a acudir en helicóptero al recinto del Parlament y motivaron el descrédito de los indignados, lo que el movimiento del 15-M palió en buena medida el pasado domingo con una manifestación multitudinaria que sacó a las calles a casi 100.000 personas.
Según el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, los consejeros arroparon al titular de Interior, Felip Puig, por su labor el miércoles. También se congratularon por la actitud pacífica que tuvo la manifestación del domingo. El Ejecutivo, aseguró Homs, toma nota de las protestas. "Es una actitud que no se concretará", aclaró el portavoz, que subrayó que seguirán los recortes sociales. El Gobierno y el Parlament anunciaron ayer que recurrirán a la fiscalía por los incidentes del miércoles. Es un gesto simbólico, puesto que hasta que el fiscal concluya su investigación y lleve el caso al juzgado, ambas instituciones no podrán ejercer la acusación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de junio de 2011