El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, aprovechó ayer el acto de presentación de la memoria del Ministerio Público correspondiente al año pasado para recalcar que los alcaldes de Bildu "tienen la obligación de garantizar la seguridad de cualquier persona" que accede a las dependencias municipales, "y más la de los concejales".
Calparsoro destacó que la alcaldesa de Andoain, Ane Carrere, de la coalición independentista, al igual que cualquier otro regidor de cualquier consistorio, tiene como "su primera obligacion garantizar la seguridad de las personas que por su trabajo o razón que sea acceden a las instalaciones municipales". El fiscal añadió que que la decisión de impugnar o no la decisión de la alcaldesa la tendrá que decidir la Abogacía del Estado. Y precisó que a la fiscalía vasca no le consta por el momento que se haya presentado ninguna denuncia sobre este asunto.
Los servicios jurídicos del PP vasco están estudiando el documento del Ayuntamiento de Andoain para sustentar la orden de no permitir la entrada de los escoltas de los concejales para remitirlo a la fiscalía.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de junio de 2011