Al Partido Popular de Castellón no le ha gustado nada la presencia casi residual de políticos de la provincia en el nuevo Gobierno valenciano y así se lo ha hecho saber a "los máximos responsables". Primero fue el nombramiento de los nuevos consejeros que supuso la exclusión de Vicente Rambla y Manuel Cervera, así como la reducción de la presencia de castellonenses en el nuevo Consell a una, la exalcaldesa de la Vall d'Uixó y nueva consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig.
Entonces el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, ya expresó su malestar por la salida de los dos primeros, pero esperó a ver si la presencia se compensaba con más altos cargos en el segundo y tercer escalón del Consell. No fue así. Apenas una decena de entre el centenar de altos cargos que fueron nombrados el pasado viernes por el nuevo equipo de Francisco Camps.
Un juzgado de Nules archiva la causa contra Isabel Bonig
La decepción se hizo patente hasta tal punto que Carlos Fabra decidió convocar de urgencia una reunión del Comité Ejecutivo del PP provincial para analizar la situación. El encuentro se celebró al mediodía de ayer y a su término la dirección del partido emitió un comunicado en el que manifestaba públicamente que "el nombramiento de estos cargos en segundos y terceros escalones de la Administración y el peso que en los mismos tiene la provincia de Castellón" merece una valoración "muy negativa" por "la escasa presencia de responsables castellonenses en estas áreas".
En sentido contrario, "el Comité Ejecutivo ha valorado muy positivamente el nombramiento de Isabel Bonig, así como la oferta de la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, para seguir negociando la incorporación de castellonenses a los órganos de gestión del Gobierno y de las sociedades públicas valencianas", recoge el comunicado.
También ayer, un juzgado de Nules archivó la querella un delito de prevaricación contra Isabel Bonig, cuando era alcaldesa de La Vall d'Uixó. La denuncia fue formulada por dos vecinas que afirmaron que tres sucesivos alcaldes permitieron obras ilegales en la zona conocida como Monte Zamora de La Vall, a pesar de que estaba prohibida la construcción por carecer de ordenamiento, informa Miguel Ángel Campos. El fiscal ha dado el visto bueno al archivo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de junio de 2011