La huelga de un día convocada en Reino Unido por varios sindicatos en protesta por los planes del Gobierno de reformar el sistema de pensiones tuvo ayer un efecto desigual: afectó de forma acusada a las escuelas, pero con menor intensidad en otros sectores como los controles fronterizos o la atención al público en los ministerios.
La Policía Metropolitana detuvo a una treintena de personas en el centro de Londres, cortando de raíz los intentos de un pequeño grupo de acabar de forma violenta una manifestación pacífica que reunió a decenas de miles de empleados públicos en la zona administrativa de la capital británica.
Maestros de escuela, profesores universitarios, empleados de los juzgados o trabajadores de la agencia que controla las fronteras británicas mostraron así su oposición a los planes del Gobierno de conservadores y liberales-demócratas de retrasar la edad de jubilación y aumentar las contribuciones para las pensiones de los empleados públicos.
La huelga ha tenido especial impacto en las escuelas de Inglaterra y Gales, aunque no en las de Escocia. Más de 11.000 escuelas se han visto afectadas de una forma u otra.
La huelga es políticamente polémica. El Gobierno la considera injustificada. La oposición laborista acusa al Ejecutivo de haber provocado a los sindicatos, pero critica a estos por un paro que perjudica directamente a los ciudadanos y que desde la izquierda se ve de alguna forma como prematuro porque las conversaciones sobre la reforma de las pensiones públicas no están rotas y la opinión pública no está bien informada de la situación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de julio de 2011